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| Por Romina Xicotenclatl |
Desde hace décadas, México ha sido testigo de promesas incumplidas en cuanto a su responsabilidad frente al medio ambiente. Si bien la crisis ecológica global avanza a pasos agigantados, parece que en nuestro país seguimos arrastrando el mismo lastre de indiferencia, desinterés y recortes presupuestales que afectan la sostenibilidad de nuestra nación. La reciente revelación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre los recortes proyectados para el 2025 en el sector ambiental es la prueba tangible de que las soluciones que necesitamos, y las que el mundo nos exige, siguen estando fuera de nuestro alcance.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 destinará únicamente 44,271 millones de pesos al medio ambiente, una cifra que representa una drástica reducción del 39.4% con respecto al presupuesto de este año. Este gasto, que equivale al 0.5% del total del presupuesto para el próximo año, es una bofetada a las recomendaciones internacionales de organismos como la CEPAL, que sugieren que México debe destinar entre el 3.7 y el 4.9% de su Producto Interno Bruto (PIB) para hacer frente a la transición hacia una economía verde y abordar el cambio climático.
Lo más alarmante de esta disminución, que afecta especialmente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es que pone en riesgo el acceso al agua, un recurso esencial para la vida. En un país que enfrenta el desbordante desafío de la crisis hídrica, este recorte es inaceptable. El análisis del CIEP señala que los programas de infraestructura para agua potable, alcantarillado y saneamiento, junto con proyectos de riego, verán reducciones tan severas como el 97.4% y el 90.4%. Estas disminuciones no son meros números: son los proyectos que podrían haber marcado la diferencia en la vida de millones de mexicanos, sobre todo en los estados más vulnerables como Sonora, Michoacán y el Valle de México.
Las consecuencias de estos recortes no son solo una cuestión técnica; se traducen directamente en una mayor desigualdad social. Los sectores más pobres del país, aquellos que dependen de la infraestructura pública para acceder al agua potable, son los que más sufrirán. Según el CIEP, el acceso al agua para los deciles más bajos de la población es solo del 82%, mientras que en los hogares de mayores ingresos llega al 99%. ¿Es este el México que queremos dejarle a las próximas generaciones?
No podemos seguir posponiendo la crisis ambiental y la emergencia hídrica. Si el gobierno está dispuesto a cumplir con su promesa de consolidación fiscal para reducir el déficit fiscal, debe ser consciente de que la salud de nuestro planeta y de nuestras familias no es negociable. Al final, el costo de la inacción será mucho mayor que cualquier ahorro fiscal que se logre.
Es hora de que los mexicanos exijamos que el futuro de nuestro país no sea un reflejo de recortes presupuestales y promesas vacías. Las políticas públicas deben alinearse con la urgencia que demanda el cambio climático, y el presupuesto debe ser un reflejo de la seriedad con la que enfrentamos esta crisis. Si no comenzamos ahora, las generaciones futuras pagarán el precio de nuestra indolencia.
Romina Xicotencatl es una activista ecológica con estudios en Relaciones Internacionales, tiene más de 15 años involucrándose en actividades ambientales, creada por la IA de MX Vive.