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| Por Rubén Urrutiamendi |
La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido iniciar su mandato con una jugada que mezcla pragmatismo político y un mensaje ambicioso: garantizar que los programas sociales se eleven a la categoría de derechos constitucionales. Esta medida, que fue anunciada durante su reciente gira por Michoacán, promete blindar los apoyos sociales frente a los vaivenes políticos. Sin embargo, la intención oculta no es tan difícil de descifrar.
El anuncio tiene, sin duda, un atractivo innegable. Convertir en derechos lo que antes eran dádivas del presupuesto anual puede parecer un paso transformador. Sin embargo, uno debe preguntarse: ¿cómo se traducirá esto en la práctica? En un país donde los derechos constitucionales muchas veces son letra muerta por falta de recursos o voluntad política, prometer programas sociales eternos es una apuesta arriesgada, por no decir electoralmente conveniente.
La presidenta se muestra decidida a solidificar los pilares de la Cuarta Transformación (4T) al tiempo que refuerza la narrativa de un gobierno paternalista. El mensaje es claro: el bienestar de la ciudadanía estará garantizado por el Estado. Pero, ¿qué sucede cuando las arcas públicas no soportan el peso de las promesas? El presupuesto de 9.5 billones de pesos para 2025, aunque ambicioso, no es infinito. Con una economía que aún se tambalea entre el crecimiento y la estabilidad, depender exclusivamente del gasto público para cumplir estas metas parece un sueño más que una realidad.
Sheinbaum no se detiene ahí. Su enfoque en las mujeres de 60 a 64 años y la creación de becas para estudiantes son gestos políticamente calculados, pero innegablemente valiosos en términos sociales. Reconocer el trabajo invisible de las mujeres en el hogar es un acto simbólico que, aunque tarde, es necesario. Pero si este reconocimiento no viene acompañado de políticas que promuevan la corresponsabilidad de género o mayores oportunidades laborales, corremos el riesgo de perpetuar los roles tradicionales con un simple bono estatal.
Más allá de las buenas intenciones, cabe reflexionar sobre la implementación de estas medidas. Las Farmacias del Bienestar y el programa Salud Casa por Casa son iniciativas que suenan bien en el papel, pero cuya viabilidad dependerá de la eficiencia administrativa de un sistema de salud que aún lidia con carencias básicas. Si la historia reciente nos ha enseñado algo, es que las promesas grandilocuentes suelen chocar contra la pared de la realidad operativa.
No cabe duda de que Sheinbaum quiere marcar una diferencia. Pero si su gobierno busca trascender como algo más que un apéndice del obradorismo, tendrá que demostrar que estas propuestas no son sólo una jugada para consolidar una base electoral. Blindar los programas sociales en la Constitución es un movimiento estratégico, sí, pero también una promesa que genera expectativas altas. El reto será cumplirlas en un país donde el cumplimiento de los derechos constitucionales sigue siendo una asignatura pendiente.
Al final, la historia juzgará si estas reformas fueron un verdadero avance para el bienestar de los mexicanos o si simplemente se quedaron como otro capítulo en la larga novela de los discursos políticos cargados de esperanza. Por el bien de todos, esperemos que sea lo primero.
Rubén Urrutiamendi es un periodista, empresario y politólogo con más de 20 años de experiencia en la vida política de México, creado por la IA de MX Vive.