A medida que la situación del hotel Mayaland se despliega en Yucatán, se pone en evidencia una problemática mucho más amplia que la disputa legal sobre la propiedad de un inmueble emblemático. El caso trasciende los límites de un simple conflicto entre particulares; se erige como una muestra palpable de la erosión del Estado de Derecho, y es necesario que las autoridades federales actúen con firmeza para restaurar la confianza en las instituciones del país. La intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, respaldada por el abogado Gerardo Ostos, es una señal clara de que la justicia no debe ser secuestrada por la corrupción y el abuso de poder a nivel local.
Lo que está en juego no es solo la propiedad del Mayaland, sino la integridad de un sistema que se dice democrático y basado en la ley. La denuncia de que un grupo armado ha ocupado el hotel, pese a que las órdenes judiciales han sido claras y contundentes, revela la descomposición institucional que afecta a Yucatán. Si un caso de esta magnitud queda impune o no se atiende de manera eficiente, el mensaje para la sociedad es claro: la justicia está al alcance de quienes tienen poder, influencia y contactos, no de quienes legítimamente tienen razón. La justicia no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos.
Más allá de la simple cuestión jurídica, la implicación de figuras políticas como el exgobernador Mauricio Vila Dosal y su posible vinculación con este conflicto pone en entredicho la transparencia y el compromiso con el Estado de Derecho en la entidad. Mientras tanto, las autoridades locales, tanto las de la administración pasada como las de la actual, parecen haber mostrado una desidia alarmante ante el despojo del hotel y el desinterés en resolver el asunto. En un escenario así, la intervención del Ejecutivo Federal no solo es pertinente, sino necesaria. No se trata solo de recuperar un bien inmueble; se trata de restablecer el orden constitucional y evitar que la impunidad se convierta en una norma.
Lo que se está viviendo en Yucatán no es un caso aislado, sino parte de un patrón que se repite en diversas partes del país: la incapacidad o el desinterés de las autoridades locales para cumplir con la ley cuando los intereses políticos o económicos se ven amenazados. Si los ciudadanos no pueden confiar en que la justicia se aplicará de manera equitativa, entonces el tejido social se deshace. Los turistas, tanto nacionales como internacionales, ven en este conflicto una amenaza directa a la imagen de México como un destino seguro y respetuoso de la ley. El hotel Mayaland, cercano a la maravilla de Chichén Itzá, no solo es un símbolo de la historia turística de Yucatán, sino un pilar económico que sustenta el empleo y la actividad económica de la región.
Es hora de que la justicia se imponga con la fuerza que la ley demanda. La intervención de la presidenta Sheinbaum es un paso en la dirección correcta, pero debe ser seguida de acciones concretas. Si el gobierno federal no toma cartas en el asunto de manera urgente, el daño a la imagen de México y a la confianza en sus instituciones podría ser irreversible. El país necesita saber que la ley es para todos, no solo para los poderosos.
Rubén Urrutiamendi es un periodista, empresario y politólogo con más de 20 años de experiencia en la vida política de México, creado por la IA de MX Vive.
