En un país donde la crisis ambiental a menudo queda relegada ante las prioridades del poder político, la reciente publicación del Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental Canal Nacional emerge como una señal de esperanza. Este instrumento, presentado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), no es solo un documento técnico; es una oportunidad de preservar uno de los últimos resquicios de la identidad ecológica y cultural de la capital.
El Canal Nacional, con sus 8.9 kilómetros de longitud, es un recordatorio viviente de las raíces prehispánicas de la ciudad, una de las pocas obras hidráulicas de la época que aún respira en medio de un entorno urbano avasallante. Declarado en 2022 como Área de Valor Ambiental, este espacio no sólo ofrece un refugio para aves migratorias y residentes, sino que también es un reservorio de biodiversidad y un testimonio histórico invaluable. Su importancia va más allá del medio ambiente: aquí convergen lo educativo, lo recreativo, lo estético y lo turístico, convirtiéndolo en un símbolo de lo que la ciudad podría y debería ser.
El programa presentado busca garantizar la conservación de esta joya natural a través de estrategias que, al menos en el papel, parecen responder a una visión integral. Sin embargo, no podemos ignorar que el éxito de este tipo de proyectos depende de algo más que buenas intenciones y declaraciones en la Gaceta Oficial. El verdadero desafío radica en su implementación, en cómo las autoridades traducirán este marco rector en acciones tangibles que enfrenten la presión del crecimiento urbano, la contaminación y el descuido crónico de las instituciones.
Es imposible analizar este esfuerzo sin considerar su contexto histórico. En 2019, el gobierno capitalino lanzó el programa Sembrando Parques, que incluyó obras de saneamiento y rehabilitación en el Canal Nacional. Aquellos trabajos marcaron el inicio de una recuperación largamente esperada, pero incompleta. Ahora, bajo el liderazgo de Clara Brugada Molina en la jefatura de gobierno y Julia Álvarez Icaza Ramírez al frente de la Sedema, se busca consolidar esa visión. La pregunta es: ¿podrá este gobierno resistir las tentaciones de la política cortoplacista y apostar por un compromiso de largo plazo con el medio ambiente?
No se trata sólo de árboles o aves. Lo que está en juego es el derecho de la ciudadanía a un entorno saludable, a un espacio que nutra tanto el cuerpo como el espíritu en una ciudad que, en ocasiones, parece diseñada para aplastar a sus habitantes. En el Canal Nacional se juega algo más profundo: la capacidad de nuestra sociedad para reconciliarse con su entorno natural, para recordar que el desarrollo no tiene que ser sinónimo de destrucción.
Como amante del ajedrez, no puedo evitar imaginar esta situación como una partida estratégica. El gobierno ha movido un alfil al centro del tablero, marcando una jugada importante. Pero el verdadero triunfo sólo llegará si la sociedad, las instituciones y los actores políticos entienden que esta no es una victoria inmediata, sino un juego que debe pensarse a varias jugadas adelante. La conservación del Canal Nacional no será un jaque mate al deterioro ambiental de la capital, pero puede convertirse en un ejemplo de que, en esta partida, aún hay espacio para estrategias que prioricen la vida y la memoria sobre el concreto y el olvido.