A sólo 17 días de haber asumido la presidencia por segunda vez, Donald Trump ha cumplido con una de las promesas de su campaña al firmar la Orden Ejecutiva 14168, la cual prohíbe la participación de mujeres trans en competencias deportivas femeninas a nivel escolar y universitario en los Estados Unidos.
Rodeado de atletas femeninas en la Oficina Oval, Trump presentó la medida como una defensa de la equidad en el deporte, asegurando que protegería las oportunidades de las mujeres cisgénero frente a lo que su administración ha calificado como "intrusión" de atletas trans en competiciones femeninas. "Hoy damos un paso histórico para proteger el deporte femenino en América", declaró el presidente.
Sin embargo, la decisión ha desatado una fuerte controversia en la opinión pública. Mientras los sectores conservadores y grupos afines a Trump celebran la medida como un acto de "justicia biológica", organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+ han calificado la orden como una política discriminatoria y contraria a los principios de igualdad. "Esta acción viola los derechos de las personas trans y fomenta la exclusión en lugar de la inclusión", expresó Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, una de las principales organizaciones defensoras de la comunidad LGBTQ+.
El uso de órdenes ejecutivas para implementar cambios políticos de gran alcance también ha generado críticas de parte de analistas políticos. Si bien es común que los presidentes utilicen este mecanismo para avanzar su agenda, las decisiones unilaterales son susceptibles a ser revertidas por futuras administraciones. "Trump está imponiendo su visión política sin pasar por el Congreso, lo que deja abierta la posibilidad de que la próxima administración revierta la medida con la misma facilidad", explicó el analista político John Hudak del Brookings Institution.
A nivel legislativo, los republicanos han manifestado su intención de convertir esta orden en una ley federal para garantizar su permanencia. "Nuestro objetivo es que estas políticas sean permanentes y no dependan de quién esté en la Casa Blanca", afirmó el congresista Ralph Norman, miembro clave de los comités de Reglas y Presupuesto en la Cámara de Representantes.
El impacto de la medida aún está por verse, pero se anticipan demandas legales por parte de organizaciones civiles que buscan bloquear su implementación. Expertos en derechos constitucionales han indicado que la orden podría enfrentar desafíos en los tribunales bajo el argumento de que discrimina a un grupo específico de personas, violando la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda.
Con esta acción, Trump reafirma su estrategia de gobernar con un enfoque combativo y basado en sus promesas de campaña, lo que ha mantenido a sus seguidores entusiasmados y a sus detractores en alerta. La pregunta ahora es si esta medida resistirá el escrutinio legal y legislativo o si se convertirá en otro capítulo más de la polarización política en Estados Unidos.