La mañana del viernes, el campus Las Torres de la Prepa TecMilenio en Monterrey se convirtió en el escenario de una protesta que sacudió las paredes de la institución y resonó en las redes sociales. Pancartas, consignas y rostros llenos de indignación: los estudiantes salieron a exigir justicia por Rudy, un joven de 16 años con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), quien fue víctima de un presunto abuso sexual dentro de los baños de la escuela.
Pero esto no es solo la historia de un crimen atroz. Es también la historia de un rumor que ha comenzado a tejer una red de dudas y sospechas: ¿el padre de uno de los presuntos agresores es parte del gabinete del gobernador Samuel García?
El día que todo cambió
Todo comenzó el martes 11 de marzo. Rudy, un joven con TDAH, fue abordado en los baños del tercer piso por un grupo de cuatro o cinco compañeros. Según los testimonios de los estudiantes, lo sometieron, lo agredieron sexualmente y, para mayor crueldad, tomaron fotos y videos del acto. Rudy, en un intento desesperado por defenderse, golpeó a uno de los agresores, dejando manchas de sangre en el suelo.
Pero aquí es donde la historia toma un giro que indigna aún más: en lugar de recibir apoyo, Rudy fue suspendido por tres días. Sí, leíste bien. La víctima fue castigada por defenderse, mientras que los presuntos agresores siguieron caminando por los pasillos de la escuela como si nada hubiera pasado.
El rumor
En medio de la protesta, un rumor comenzó a circular como un susurro que pronto se convirtió en grito. Entre los presuntos agresores estaría el hijo de un funcionario cercano al gobernador Samuel García. ¿Es esto cierto? Nadie lo ha confirmado, pero el solo hecho de que se mencione ha encendido las alarmas.
Los estudiantes no solo están exigiendo justicia para Rudy, sino que también están cuestionando si el poder y los privilegios están jugando un papel en este caso. “¿Hasta dónde llega la influencia de los poderosos?”, se preguntan en voz alta.
Samuel García: entre el compromiso y la sospecha
Frente a la presión social, el gobernador Samuel García no pudo quedarse callado. A través de sus redes sociales, aseguró que está al tanto del caso y que se ha puesto en contacto con las autoridades correspondientes y la directiva de TecMilenio para esclarecer los hechos. “En Nuevo León, las víctimas cuentan con nuestro apoyo total”, declaró.
Pero, ¿es suficiente? Las imágenes de agentes ministeriales siendo negados el acceso al campus para investigar el caso han dejado un sabor amargo. ¿Qué hay detrás de esa negativa? ¿Por qué no se ha permitido una investigación transparente?
TecMilenio: entre el protocolo y la desconfianza
Mientras tanto, la Prepa TecMilenio ha optado por trasladar las clases a modalidad virtual, argumentando que buscan “asegurar el bienestar y la seguridad de la comunidad”. Pero muchos ven esta medida como un intento de desviar la atención y evitar que el escándalo crezca.
En un comunicado, la institución aseguró que siguen protocolos institucionales y que están acompañando a las familias involucradas. Pero para los estudiantes y padres de familia, estas palabras suenan vacías sin acciones concretas.
La comunidad no se rinde
El caso de Rudy no es solo un presunto acto de violencia sexual; es una prueba de fuego para las instituciones educativas y gubernamentales de Nuevo León. La comunidad exige justicia, transparencia y, sobre todo, que no se permita que el poder y los privilegios opaquen la verdad.
Mientras las investigaciones avanzan, una pregunta resuena en las calles y redes sociales: ¿Estará Samuel García dispuesto a enfrentar a su propio gabinete si los rumores resultan ser ciertos? Por ahora, la presión social no da tregua, y la sombra de la impunidad parece extenderse sobre un caso que ya ha conmocionado a todo el estado.
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